“La persona con discapacidad que ha de ejercitar un derecho en el proceso penal o participa en un acto procesal puede enfrentarse con una serie de barreras u obstáculos para su pleno ejercicio”.

“Los responsables del sistema de justicia, así como todos aquellos que intervienen o colaboran con la misma, tienen la obligación de adoptar las medidas que resulten necesarias dentro de su respectivo ámbito de actividad y competencias: jueces, fiscales, LAJ, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, así como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”